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APATRIDIA, LA EXPRESIÓN SILENCIOSA DE LA NACIONALIDAD

Por María Belén Valdemoros Alba

El acceso a la nacionalidad presenta un panorama internacional fragmentado. Ya sea por ius soli o ius sanguinis, cada vez más personas optan por ejercer sus derechos accediendo a su nacionalidad única o doble nacionalidad u optan por una nueva. Esto se ve representado por las diferentes olas y flujos migratorios entre diversas regiones o países, traduciéndose en cambios demográficos, sociales y hasta culturales y económicos.De aquí se desprende la apatridia. La apatridia es un fenómeno que, distinto de la migración o del refugio, genera la desprotección estatal, al no considerarlo nacional de Estado alguno (Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, s.f.), del individuo. Esto se traduce en la falta de reconocimiento y ejercicio de derechos como nacional: falta de acceso al sufragio, al trabajo, a la salud, a la educación.

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¿Derecho u obligación del Estado?

Un punto fundamental al analizar esta manifestación es la legislación o normativa de los diferentes países. Al ser la nacionalidad una discrecionalidad de los Estados, éstos determinan bajo qué parámetros, con qué documentación y antecedentes se otorgará este vínculo jurídico. Por esto podemos observar, a lo largo y ancho del mundo, naciones que definen políticas y leyes de nacionalidad y migración de forma diversa y a veces contrapuestas con el país vecino, generando así grandes inconvenientes.

Al ser discrecional, podemos interpretar que depende solamente de la voluntad gubernamental la decisión. Pero a su vez, teniendo en cuenta que la nacionalidad permite el acceso a otros derechos humanos, el limite a la discrecionalidad se encontraría en el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas, un panorama de difícil correlación.

¿Pero la apatridia puede existir?

Aunque lo creamos insólito, en el continente americano existen situaciones ya comunes. Podríamos destacar el caso de la República Dominicana como el más atractivo en materia internacional, dado que generó conflictos con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, perteneciente a la OEA (Organización de Estados Americanos).

Por su situación geográfica, la isla compartida por la República Dominicana y la República de Haití, fue objeto de múltiples rivalidades desde su descubrimiento y conquista. Esto se trasladó posteriormente a una sectorización social de las personas por razones de lengua, color de piel, ascendencia, educación, entre otros, que limitaron las posibilidades de acceso a la nacionalidad de miles de personas dominicanas descendientes de haitianas. (Pantaleon, 2012)

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Actualmente se adiciona una crisis humanitaria por la falta de acceso a un futuro digno en la República de Haití, fulminado desde el terremoto producido en el año 2010 y del cual, a causa de la corrupción y otros factores sociales, como la pobreza, no se repondrá en el corto ni mediano plazo. La República Dominicana demuestra ser la antítesis de esa realidad, donde el turismo crece y se expande, la salud es accesible, la educación es un derecho adquirido y los recursos naturales alcanzan para satisfacer a su población.La nación más pujante de la isla debe así, hacerse responsable de la respuesta por la falta de oportunidades del país colindante con sus propios recursos, enfrentando realidades ya superadas en el siglo pasado, como epidemias de cólera, el índice más alto de SIDA en América o la falta de educación elemental. Se adiciona también la presencia de mafias y organizaciones criminales en la zona de frontera, donde se conecta el poder estatal con el privado, lo que ha generado la proliferación del contrabando de recursos naturales como el carbón vegetal, la entrada ilegal de parturientas y migrantes en general.
Aunque la realidad de la República Dominicana sea notoriamente más estable y próspera, no la convierte en una nación exenta de problemas. Registró un 23.9% de pobreza (Banco Mundial, 2022) en 2021, números que siguen en alza por la crisis del COVID y que no se resuelven por el aumento del turismo. Fundamentado en estos razonamientos es que esta República admite no poder hacer frente a los flujos migratorios y mucho menos a la exigencia de otorgamiento de la nacionalidad a aquellas personas que de forma ilegal cruzan la frontera y pretenden residir con sus familias allí.

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Y el debate se abre en esta posición: ¿Es posible que un país se niegue a dar cumplimiento a un Derecho Humano como es la nacionalidad, argumentando deficiencias en su sistema e incapacidad para ello? ¿República Dominicana está condenada a recibir a todos los haitianos que crucen la frontera y deseen residir en ese país, aún sin cumplir con los requisitos que el mismo país exige para otorgar la nacionalidad?

Bibliografía

24 de febrero de 2023
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