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La controversia de las fuerzas antidisturbios de Colombia

Las protestas en Colombia, que comenzaron como simples manifestaciones pacíficas a causa de la Reforma Tributaria propuesta por el gobierno del presidente Iván Duque, han ido en aumento y generaron la confluencia de diversos reclamos a raíz de medidas tomadas en el marco de la pandemia y viejas políticas que no han contemplado las necesidades del pueblo colombiano. Esto ha llevado a una reacción contundente de la ciudadanía, que está decidida a marchar a la espera de obtener respuestas. No obstante, desde el gobierno por el momento la respuesta más destacada parece ser la represión de las grandes movilizaciones. Esta estrategia del gobierno ha llevado a poner en duda la verdadera utilidad de las fuerzas de seguridad en favor del pueblo, ya que hace décadas han perdido su confianza y respeto, tanto por su accionar como por su involucramiento con el narcotráfico y las causas de corrupción.

 

 

De los reclamos al choque entre manifestantes y fuerzas de seguridad

Las protestas en Colombia empezaron el día 27 de abril con las movilizaciones campesinas en contra de las aspersiones con glifosato en Antioquia. Al día siguiente, se llamó a un Paro Nacional convocado por el Comité Nacional del Paro integrado principalmente por la Confederación Nacional del Trabajo (CGT), Confederación de Pensionados de Colombia (CPC), Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), Dignidad Agropecuaria (DA), Cruzada Camionera (CC), el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), como también amplios movimientos estudiantiles y universitarios. Lo que en esta primera jornada de movilizaciones se buscaba era la vuelta atrás al intento de proyecto de ley de la Reforma Tributaria que quería implementar el gobierno, la llamada “Ley de Solidaridad Sostenible” que buscaba aumentar los impuestos a la clase media, agravar la canasta familiar con el Impuesto de Valor Agregado (IVA) afectando a los productos de primera necesidad, y a los servicios públicos básicos, con la intención de recaudar aproximadamente unos 6.300 millones de dólares. Pero a este reclamo se le fueron sumando con el paso de los días otros más, como la reforma a la salud y la pensión, los incumplimientos a los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP, la matanza y desaparición de líderes políticos y sociales, como también las medidas tomadas en relación al manejo de la pandemia.

Además, dentro de los reclamos se encuentra la compra que hizo el Estado nacional de material bélico: la adquisición de 12 aviones de combate, 32​ tanquetas (vehículos blindados) para el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD​ y refuerzos para estas. Son justamente estas fuerzas las que entraron en controversia estas semanas por la forma de reacción frente las protestas, con técnicas e instrumentos que fueron catalogados por distintos organismos como violadores de derechos humanos.

Desde el primer día del inicio del Paro Nacional, la respuesta del gobierno a las manifestaciones que en una primera instancia fueron pacíficas, fue de represión con la actuación de las fuerzas de seguridad, principalmente del “Escuadrón Móvil Antidisturbios” (ESMAD) y el decreto de toque de queda en la mayoría de las ciudades. Lo que terminó generando que esos pequeños grupos que en un inicio efectuaban actos vandálicos, pero sin generar nada grave, terminaran multiplicándose y creando una batalla campal en distintas ciudades entre los grupos manifestantes contra las fuerzas de seguridad.

 

El controvertido ESMAD

El Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) es una unidad especial, dentro de la rama Dirección de Seguridad Ciudadana (DISEC), pero que está adscrita al Ministerio de Defensa. Está integrada por unos 3 500 policías, que están distribuidos en 23 escuadrones especializados en antidisturbios. Su función principal es lograr mantener una situación de normalidad dentro de la vida rutinaria de la sociedad, por estos motivos su acción corresponde a la prevención, el control y la restauración del orden. Dentro del equipamiento de este escuadrón, se encuentran: el equipamiento de protección personal, es decir, la armadura de protección o armadura corporal que va de los hombros hasta los pies (esta hecho de termoplástico con una estructura semicristalina muy maleable y dura que puede soportar una elevada resistencia a la deformación térmica, resistiendo a temperaturas -40° y más de 100°), el pasamontañas junto con una mascara protectora o una máscara anti-gas y el escudo antimotines (compuesto por una lámina de policarbonato); el armamento disuasivo, el gas lacrimógeno, el gas pimienta, bastón tonfas (hecho de policarbonato o polietileno) y escopetas con munición no letal (balas de posta de goma, mono posta, bolsa de perdigones, como también cartuchos de gas de 37mm y 40mm) y granadas fumígenas y de sonido; y, por último, por vehículos antidisturbios compuestos de dos tipos, movilización ligera y flexible que corresponde a la utilización de caballos (por la policía montada), el transporte seguro de efectivos en los vehículos blindados y las tanquetas de agua (la cual dispone de dos cañones de agua tanto en su parte posterior como delantera).

Ahora bien, desde su creación en 1999 el ESMAD es duramente criticado por su forma agresiva y poco práctica de actuar frente a las grandes movilizaciones o para apaciguar a grupos menores violentos. Hasta la actualidad, esta fuerza cuanta con un gran numero de denuncias por dejar graves heridos y hasta muertos. Hasta el año 2019 se contaba que, por mala praxis del ESMAD, estos habían sido los autores de la muerte de 34 civiles en pleno ejercicio de su derecho a la protesta. Entre ellos se cuenta el mayor número entre miembros de los pueblos aborígenes. Siendo otros de los casos que más impacto generó, se encuentra el de un joven de 15 años, asesinado tras el impacto de una bala de gas lacrimógeno y la consecutiva golpiza de varios agentes antidisturbios; como así también, el caso de un joven de 18 años que fue herido por un disparo a la cabeza, durante unas protestas en el 2019 cuya munición tipo bean bag le causó un trauma craneoencefálico penetrante que derivó en su muerte.

En las protestas actuales, esta fuerza volvió a poner a Colombia en la mira por la gravedad de la utilización de un lanzador de 38mm denominado “Venom” instalado en la parte superior de las tanquetas. Según la compañía que los fabrica y fuentes del gobierno, “esos destellos chispeantes y estruendosos no se tratan de misiles o proyectiles de artillería pesada de las fuerzas armadas, sino de un costoso y sofisticado elemento de aturdimiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios”, y que en realidad este lanzador lanza municiones de carácter disuasivas y no letales, “que se componen de cartuchos de caucho que se detonan secuencialmente en fragmentos en rangos de 100 o 200 metros que producen estruendos, destellos y fragmentos de caucho a velocidades punzantes”. En este sentido, hay fuertes criticas sobre como esto va en contra de los derechos humanos y del ciudadano, y también sobre las implicaciones económicas del armamento, tal como lo manifestó en su cuenta de Twitter el político Sergio Marín, “Esta es VENOM, las más sofisticada y costosa ‘arma no letal’ que tiene el ESMAD. ¿Saben cuánto vale cada proyectil? 71.17 dólares, a la TRM de hoy 3.846 pesos son 273,719 por proyectil. Para la represión si hay caja y presupuesto ilimitado”.

 

 

Conclusión

En las actuales protestas, se estima que hay un total de 27 civiles y un policía muertos, como también 359 desaparecidos en los enfrentamientos, que en vez de controlarse se intensifican y todo parece indicar que las cifras seguirán en aumento. La opinión pública sobre el ESMAD empeora día a día, lo que llevaría a que se exija su desarme completo como cláusula obligatoria en las negociaciones de paz entre el Comité Nacional del Paro y el gobierno de Iván Duque. No obstante, esta cuestión trasciende al ESMAD y existe un aumento generalizado de la desconfianza en relación a la totalidad de las fuerzas de seguridad colombianas. Este último será uno de los grandes desafíos que deberá afrontar el gobierno en los tiempos que corren.

 

Bibliografía

 

Autor

Gonzalo Dinamarca: Estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales (Universidad Empresarial Siglo 21).

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