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La política espacial argentina: ¿por qué es relevante en la actualidad?

A comienzos de octubre será puesto en órbita el SAOCOM 1, un satélite desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y la Agencia Espacial Italiana, el cual tendrá la función de monitorear actividades agrícolas e hidrológicas. Este logro científico y tecnológico se dará en el marco de la desfinanciación del sector espacial, en un nuevo giro de la política científica argentina.

 

 

El SAOCOM (Satélite Argentino de Observación con Microondas) es un sistema de dos satélites de observación terrestre, compuesto por el SAOCOM 1 y el SAOCOM 2, desarrollado por la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) en colaboración con la Agencia Espacial Italiana (ASI) y que integra el SIASGE (Sistema Ítalo-Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias). El primero de estos satélites será puesto en órbita la primera semana de octubre de 2018 desde la estación espacial Vandenberg, California (Estados Unidos).

Estos satélites tienen tres aplicaciones centrales estratégicas: dos están dirigidas a la agricultura, en un proyecto conjunto con el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria); y una tercera a la hidrología, en colaboración con el INA (Instituto Nacional del Agua). Detrás de este proyecto confluyen varias instituciones del Estado dedicadas al desarrollo de la ciencia y la tecnología argentina y el esfuerzo enorme de muchos científicos e ingenieros argentinos de primer nivel mundial (Comisión Nacional de Actividades Espaciales, 2018).

El desarrollo de este proyecto -que tuvo lugar en las instalaciones de la empresa estatal de alta tecnología INVAP- se remonta a veinte años atrás, cuando sucedieron los acercamientos de cooperación científica internacional entre la CONAE y la ASI. La iniciativa no constituye un evento aislado, sino que forma parte del Plan Nacional Espacial de Argentina, pero para que podamos entender en profundidad lo que está por ocurrir, hace falta que volvamos un poco en el tiempo. 

 

Una Argentina espacial: un repaso desde sus inicios

 

 

La vocación argentina por la exploración espacial comenzó en 1960 durante el gobierno desarrollista de Arturo Frondizi, con la fundación de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE) bajo la égida de la Fuerza Aérea, cuando el espacio era uno de los terrenos de mayor interés de la Guerra Fría. El desarrollo de la industria aeroespacial argentina se dio en el marco de una industrialización incremental fomentada por el Estado, que hunde sus raíces en la década del 30 y continuará de modo ininterrumpido hasta la última dictadura militar. Si bien estos desarrollos contaban con una finalidad pacífica, hay que tener en cuenta que se trata de tecnología sensible, ya que pueden emplearse tanto para uso civil como militar. La posibilidad de desarrollar tecnología sensible en un país semiperiférico como Argentina tiende a generar alarma en el sistema internacional por el desequilibrio en la distribución de poder real que implica con respecto a los Estados hegemónicos (Blinder, 2017).

De hecho, a este periodo desarrollista en política espacial le seguirá un periodo militarista, centrado en el proyecto más ambicioso de la CNIE: el Plan Cóndor II. Fue antes de la Guerra de Malvinas que el gobierno militar decidió crear -en secreto- un misil balístico de alcance medio que pudiera llegar hasta las islas. El proyecto, que fue financiado por Alemania, Egipto e Irak y continuó durante el gobierno de Alfonsín, fue conocido por agencias de inteligencia extranjeras y generó un revuelo internacional. Debido a la presión de Estados Unidos y del FMI, el plan Cóndor II y la CNIE fueron desmantelados durante el gobierno de Menem (Blinder, 2009).

La CNIE fue sucedida por la CONAE, la cual se enfoca en el uso exclusivamente civil del espacio. Esta desarrolló el Plan Nacional Espacial de la Argentina, que establece a la Argentina como un “país espacial”, es decir, que manifiesta su voluntad de usar y aprovechar la ciencia y la tecnología espacial con fines pacíficos. Durante esta etapa se pusieron en órbita la serie SAC (Satélites de Aplicaciones Científicas), los primeros satélites argentinos desarrollados en colaboración con la NASA (Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio) estadounidense y que tenían una función de observación terrestre, climática, oceánica y astronómica. Durante el menemismo, la política espacial se abordó desde una óptica neoliberal enfocada en una proyección exclusivamente comercial y alineada a los intereses geopolíticos estadounidenses, con la finalidad de mejorar la imagen de la Argentina como país confiable (Blinder, 2017).

Este enfoque cambió durante el kirchnerismo, que intentó retomar la estrategia de la primera etapa de industrialismo, con miras a transformar la matriz productiva nacional, incorporando valor agregado con una fuerte participación estatal. En el 2006 se creó la empresa estatal ARSAT, con el objetivo de alcanzar el dominio de la tecnología satelital apuntada a las telecomunicaciones. Bajo este esquema, en 2010 INVAP comienza a construir el ARSAT-1, el primer satélite geoestacionario de América Latina, que fue puesto en órbita el 16 de octubre de 2014. Este fue uno de los máximos logros en la historia de la tecnología argentina, ya que tanto el satélite como su software fueron íntegramente desarrollados en terreno nacional por científicos e ingenieros argentinos, lo cual convirtió a la Argentina en una de las ocho naciones con capacidad de producir satélites geoestacionarios (Blinder, 2017).

Actualmente, estamos presenciando un nuevo cambio de mirada sobre la política científica en general, que pone en juego a la política espacial en particular. En esta nueva transformación emergen componentes más afines al período neoliberal de los noventa: 1) dentro del esquema de achicamiento del Estado y frente a la crisis de déficit fiscal, el gobierno de Mauricio Macri comenzó a desfinanciar al sector espacial, abandonó, entre otros proyectos, ARSAT-3, lo cual afecta directamente a INVAP e incumple la Ley de desarrollo de la industria satelital (Ley N° 27208, 2015); 2) se busca darle un perfil más exportador y comercial a INVAP, dejando de lado la investigación aplicada (Santoro, 2018); 3) impulsado por la necesidad de obtener préstamos internacionales, el gobierno le otorga menor importancia al desarrollo de tecnologías sensibles, en el marco de una política alineada con la visión del “realismo periférico” (Blinder, 2017).

 

El futuro de la política espacial argentina: factores clave a tener en cuenta

La fluctuante economía argentina se refleja en una política espacial -y científica en general- pendular entre el desarrollismo y el desfinanciamiento, con episodios pasados de militarismo. Es inevitable que surja la pregunta sobre ¿qué prioridad puede tener una política espacial en un país que vive constantes shocks financieros? Varios puntos pueden remarcarse para responder a esta cuestión:

  1. Economía. Como sucederá con la constelación de satélites SAOCOM, el uso de satélites propios para estudios geográficos, hidrológicos y climáticos son fundamentales para el perfeccionamiento de las principales actividades económicas del país, como son la agricultura y la minería (CONAE, 2018).
  2. Comercio. Actualmente se está desarrollando el vector TRONADOR II, un programa de lanzadera espacial de CONAE proyectado para inaugurarse en 2020 en Puerto Belgrano, provincia de Buenos Aires. El objetivo es crear un cohete capaz de poner en órbita satélites para uso propio y para comercialización a terceros. Al igual que sucede con la comercialización del uso satelital, las ganancias para el Estado son evidentes. De realizarse, Argentina entraría en el selecto club de países con capacidad de lanzamiento espacial (Massare, 2017).
  3. Industria. El derrame positivo sobre el resto de la industria, tanto estatal como privada, afianza la transformación de la matriz productiva argentina (Blinder, 2017).
  4. Posicionamiento internacional. El dominio de todas las etapas de desarrollo de tecnología satelital y la posibilidad de tener lanzadera propia ubican al país estratégicamente en el plano internacional, en una posición líder en la región y con proyección hacia el resto del mundo (Blinder, 2017).
  5. Cooperación. Lejos quedó el mundo en que la exploración espacial era terreno de competencia entre superpotencias en pugna. En el siglo XXI el espacio ultraterrestre es lugar de cooperación internacional entre las distintas agencias espaciales, siendo el máximo logro de esto la Estación Espacial Internacional. En este sentido, la oportunidad más grande está en la cooperación con vecinos latinoamericanos como Brasil, Chile, Perú y México que también están dando sus primeros pasos en este campo (Russell, 2017).
  6. Soberanía. El desarrollo de tecnología aeroespacial otorga al país soberanía tecnológica, de telecomunicaciones y científica.
  7. Ciencia y tecnología. Se le da cabida a los profesionales científicos e ingenieros formados en el país, acabando de una vez por todas con los periodos de fuga de cerebros y fortaleciendo el ciclo virtuoso del “triángulo de Sabato”: gobierno-universidad-empresa.

Estos y otros factores hacen evidente que la industria aeroespacial es una fuente de desarrollo tecnológico y económico exponencial y por lo tanto es un interés nacional relevante. Por esta razón, la política espacial en particular y la científica en general deben ser mantenidas, financiadas y fomentadas desde el Estado como políticas a largo plazo y un punto de común acuerdo para todo gobierno más allá de su lineamiento ideológico o partidario. Si bien el rumbo de la economía global es difícil de predecir, todos los signos parecen indicar que la industria aeroespacial será una de las más importantes del siglo XXI. Aquellos países que no participen de ella serán los países perdedores y rezagados de la nueva economía mundial.

 

Bibliografía

 

 

Autor

Lucas Ferrario: Licenciado en Relaciones Internacionales.

 

 

 

 

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