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Operaciones de mantenimiento de la paz y el caso de las FARC

El propósito de este artículo es analizar el papel que desarrollan las operaciones de mantenimiento de la paz en la búsqueda del equilibrio de los componentes del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y, además, analizar el proceso de posconflicto enmarcado en el Pacto de Paz entre Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con el fin indagar sobre el correcto cumplimiento de lo pactado. A su vez,  se tratará de echar luz sobre el impacto que este conflicto ha tenido en la población colombiana actualmente. Tomando en cuenta por un lado, aquella porción poblacional más vulnerable que sufrió en mayor medida el conflicto, y  por otro, la porción poblacional más favorecida (quienes constituyen una minoría), que no vivieron el conflicto y tienen una percepción generalmente desinteresada sobre este.  

Adicionalmente, se tratará de evaluar la relación entre el conflicto interno del país y los agentes externos, como las organizaciones internacionales que buscan la paz alrededor del mundo como la Organización de Naciones Unidas (ONU).

 

 

Derecho Internacional Humanitario en Colombia

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es el conjunto de normas cuya finalidad es en tiempo de conflictos armados proteger a las personas que no participan o que han dejado de participar en estos y limitar los métodos y medios para hacer la guerra.

Las sociedades han estado inmersas en diferentes guerras, provocadas por diversas razones como la religión, la economía o las tradiciones. En 1864 se convoca a una conferencia diplomática, con la cual se daría inicio al Convenio de Ginebra, surgiendo formalmente el DIH.

El primer convenio hace referencia a las personas heridas y los enfermos de las fuerzas armadas en disputa.

El segundo convenio hace referencia a las personas heridas y los enfermos de las fuerzas armadas marítimas.

El tercer convenio hace referencia al trato que deben recibir los prisioneros de guerra, incluyendo un trato humanitario, alojamiento adecuado, alimentación y atención médica.

El cuarto convenio hace referencia a los riesgos a los que la población civil está expuesta durante la presencia de conflictos.

En Colombia, la Constitución de 1886 en el artículo 121 se refería al “Derecho de Gentes”, el cual limitaba las acciones bélicas en caso de guerra exterior o conmoción interior con el fin de proteger el respeto de la dignidad humana. Sin embargo, en la Constitución de 1991, se sustituye por un nuevo régimen contenido en los artículos 93 y 94, los cuales hacen referencia a la necesidad de respetar en toda circunstancia valores y principios fundamentales de las personas. A su vez, en el artículo 93, se consagra la primacía del Derecho Internacional relativo a los Derechos Humanos, ya que establece una prevalencia de los tratados y convenios ratificados por Colombia, garantizando la aplicación del Protocolo II. En el artículo 94, se establece la posibilidad de aplicar derechos no consagrados en la Constitución o en los convenios y tratados no ratificados por Colombia, cuando se trate de derechos inherentes a las personas.

 

Herramientas de veeduría y control de las Naciones Unidas

La mayoría de las naciones pertenecientes a la Organización de Naciones Unidas (ONU), reconocen las normas del DIH como normas de vital importancia. Cuando un Estado ratifica y suscribe los cuatro Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, dicho Estado se ve en la obligación de tomar las medidas necesarias para aplicar el DIH.

Los tipos de delitos en los que la Corte Penal Internacional tiene competencia son: crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y delito de agresión. A su vez, la fiscalía de la Corte es un órgano separado de la misma, la cual actúa de forma independiente y cuando esta llega a la conclusión de que existen fundamentos suficientes para acusar, acude a la sala de cuestiones preliminares de la corte, para que esta, a su vez, pueda actuar. Esto hace que la Corte actúe de manera eficaz e independiente.

Otra de las herramientas más importantes para las Naciones Unidas son las llamadas operaciones de mantenimiento de la paz. Las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, ayudan a los países desgarrados por conflictos a crear las condiciones para una paz duradera. Para esto se basa en ventajas como la legitimidad, la distribución de la carga y la capacidad de desplegar y mantener efectivos militares y policiales en cualquier parte del mundo.

Las operaciones de mantenimiento de la paz se rigen por tres principios:

  • Consentimiento de las partes.
  • Imparcialidad.
  • No uso de la fuerza, a excepción de legítima defensa y mandato.

 

Relación existente entre las Naciones Unidas y el proceso de posconflicto en Colombia

La misión política de las Naciones Unidas en Colombia se enmarca en la firma y posterior implementación del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la ex guerrilla de las FARC. Se crea por medio de una petición del entonces presidente de la República Juan Manuel Santos a la ONU para intervenir en los acuerdos como un veedor externo. Desde el inicio de las negociaciones, los acuerdos de paz han sido un proceso complejo: la misión de Naciones Unidas, tiene a su cargo tareas de acompañamiento tales como la verificación del proceso de desarme, el acompañamiento a los ex combatientes a las zonas de transición y la reincorporación social, económica y política.

La misión política de las Naciones Unidas en Colombia se desarrolla en dos momentos:

La Primera Misión Política de la ONU en Colombia (25 de enero de 2016 – 26 de septiembre de 2017), solicitada por el presidente Juan Manuel Santos como el componente internacional de vigilancia y verificación del acuerdo sobre el cese al fuego y desarme de las FARC, acordados en la Habana, Cuba. La misión finaliza con la primera etapa de cierre del acuerdo, es decir, con la primera firma, y posterior elaboración del Plebiscito y debidas modificaciones al acuerdo para su firma final.

La Segunda Misión Política de la ONU en Colombia (27 de septiembre de 2017 – hasta la actualidad), solicitada por el presidente Juan Manuel Santos, por un periodo de 3 años extensibles, con el fin de verificar el proceso de reincorporación política, económica y social de los excombatientes de las FARC y la implementación de medidas de protección y seguridad para las comunidades y organizaciones en los territorios. La segunda misión, tiene una relación estrecha de cooperación con entidades como: La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, El Ministerio de Relaciones Exteriores, El Ministerios de Defensa, La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, La Defensoría del Pueblo, La Fiscalía General de la Nación, La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas; lo cual implica un esfuerzo multidisciplinario en la obtención de los objetivos planteados.

 

Conclusión

El mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas constituye una alianza global, ya que relaciona la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Secretaria General, los contribuyentes de tropas y policía y los gobiernos receptores con el fin de mantener la paz y la seguridad. En Colombia, desde la implementación del DIH formalmente, se vivencia un conflicto de carácter no internacional, lo cual representa retos pasados, presentes y futuros. La relación existente entre la ciencia política y la participación de las organizaciones internacionales radica en el análisis de la notable dependencia que tiene Colombia con otras naciones en distintos ámbitos, como el político, económico o el social. Es allí donde los politólogos juegan un papel fundamental en el esclarecimiento de las causas y consecuencias que tiene tal dependencia hacía otras naciones, además de la producción de información sobre los procesos y actores en la construcción de paz y el posconflicto.

 

Bibliografía

 

 

Autor

Edward Manuel Santos López: Estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Gobierno, Universidad Pontificia Bolivariana.

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