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Políticas públicas: del individualismo a la perspectiva de familia

La búsqueda del bien común es -o debiera ser- el fin de toda política y acción del Estado. Tal como lo presenta el modelo relacional, esto debe ser abordado no sólo contemplando a la sociedad como destinataria del bien, sino también participando en la elaboración de las políticas públicas; y atendiendo a las necesidades que ésta presenta. En este sentido, es fundamental reconocer que la familia es el actor social que posibilita la existencia de la sociedad y del Estado. Más aún, es determinante valorar que la familia lleva a cabo funciones sociales estratégicas que resultan esenciales para el desarrollo integral de la persona; ya que es el soporte que le brinda cuidado y protección desde el inicio hasta el final de su vida.

Sin embargo, en Argentina, el rol y derechos que le corresponden a la familia, se han visto relegados. En cambio, la perspectiva individualista atraviesa la mayoría de las políticas sociales; y a ello, le acompañan las grandes e históricas consecuencias que afectan a gran parte de la población, por su falta de integralidad y continuidad.

Por todo esto, resulta necesario revisar las bases y proponer una mirada que sea capaz de considerar el desarrollo social y personal, desde una visión de conjunto y acción transversal; ubicando a la persona en su ámbito más próximo y natural, esto es: desde una perspectiva de familia.

 

 

Perspectiva de familia

Considerar el bien común como eje central de la política, supone entenderlo como “el bien de todos los hombres y de todo el hombre”, descartando la noción de “simple suma de bienes particulares” (Graglia, 2012, p. 40). Y a las políticas – al mismo tiempo- “como herramientas del Estado para servir a la sociedad”; es decir, para responder y satisfacer de forma eficaz a las necesidades y demandas que esta plantea (Graglia, 2012).

Sin embargo, la visión de un Estado paternalista no resulta adecuado ni suficiente para cumplir tal fin, y es cada vez más recurrente la necesidad de integrar los diferentes actores sociales, involucrados en su diversidad de sectores: considerando tanto al ámbito público, como al privado. En este sentido, podemos destacar la conveniencia de un modelo relacional: donde el diseño y la evaluación de los proyectos y actividades de la política pública se den en el marco de la participación colaborativa de todos los actores, integrado a la visión de sociedad como destinataria del bien (Graglia, 2012).

Como sabemos, uno de los principales actores sociales es la familia; ya que es quien posibilita la existencia de la sociedad y donde se halla el origen de toda persona. A su vez, constituye no sólo una realidad privada, sino de interés público. Como tal, posee funciones sociales estratégicas, que son -además- insustituibles (Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral [ICF de la UA], 2005):

  • La procreación de las próximas generaciones: El desarrollo poblacional representa la riqueza de un país; ya que sin habitantes no hay nación. En este sentido, el matrimonio –entendido como consorcio de vida en común, formado por la unión estable y permanente de un varón y una mujer- es quien posee la capacidad natural para constituirse como ámbito de desarrollo sustentable, para los futuros nacimientos. Cabe mencionar, que según la investigación del ICF, citada en el párrafo anterior, en el año 2000 “el 83% de los argentinos entiende que la familia fundada en el matrimonio es la unidad fundamental de la sociedad” y “el 77% de la población otorga una importancia capital a la familia al ubicarla como centro de la sociedad”. (2005, p. 10)
  • Crianza, educación y socialización: La responsabilidad por el cuidado personal (higiene, alimentación y salud); la transmisión de valores que conducen a la plenitud de la salud mental, desarrollo y maduración de la persona; y la integración al conjunto de la sociedad de manera Y todo esto, desde un trato singular y personalista, en función de la necesidad de cada individuo.
  • Ámbito personal ecológico para la vida humana: Es en la familia donde se valora fundamentalmente la dignidad de la persona, con independencia de la idoneidad, destreza particular o simpatía que esta tenga o Cabe mencionar que es el amor incondicional materno y paterno lo que genera las bases donde se asienta la salud mental.
  • Ser contención -en una primera instancia- de las generaciones más necesitadas (infancia y ancianidad): La misma incondicionalidad del amor familiar sostiene de manera desinteresada a aquellos que por su condición o etapa de vida son sujetos pasivos de ayuda. Al mismo tiempo, fomenta la armonía y cohesión intergeneracional.

 

Sin embargo, las funciones de este actor social son cada vez menos valoradas y reconocidas, a la par que asumidas mayormente por el Estado. Esto implica un doble problema: por una parte, porque representa una privación de derechos –y obligaciones- que les corresponden a la familia y que la desliga de su razón de ser en la sociedad; y por otra parte, porque el Estado procura alivianar la responsabilidad familiar y –al ser incapaz de suplirla de manera plena- se sobrecarga a sí mismo respondiendo, con frecuencia a través de políticas meramente asistencialistas que no proporcionan soluciones de conjunto en favor del desarrollo humano integral (ICF de la UA, 2005).

En este sentido, desde el Estado de Bienestar, a lo largo de los años se han implementado numerosos programas sociales con el fin de atender la realidad social del individuo en situación de vulnerabilidad. Esta visión estatal, desconoce las funciones sociales de la familia y las reduce a un rol reproductivo, enfocándose en el individuo de manera aislada, es decir: determina acciones que responden a una perspectiva o cosmovisión individualista. A su vez, esto conduce a la desprotección de la institución familiar y al detrimento de su función, lo que tiene como consecuencia su debilitamiento y el de la sociedad en general. De hecho, “el 42% de los argentinos consideran que se debe aumentar el presupuesto oficial destinado a los problemas sociales que tienen relación con la familia” (ICF de la UA, 2005, p. 10).

Por todo esto, debemos reconocer que la familia representa en sí misma un bien para la sociedad –y es un deber del Estado su protección integral-; lo que vuelve necesario la integración de una perspectiva de familia en el análisis, diseño, gestión y evaluación de las políticas: capaz de ubicar a la persona en su contexto primario y natural, así como también de fortalecer la institución familiar –incluso, en pos de los beneficios que esta aporta en términos de capital humano-. Es decir, una metodología de abordaje que aporte una visión de conjunto y acción transversal, basado en la comprensión de la dinámica familiar, que evalúe el impacto de las políticas sociales desde la participación de este actor social (Graglia, 2012; Guerra López, 2003).

 

Conclusión

Mientras el Estado no reconozca la función de la familia y no fomente su participación, las diversas políticas públicas que se han planificado e implementado hasta el momento en Argentina -en gran medida- podrían continuar siendo incapaces de brindar soluciones de fondo a la realidad social, especialmente en los ámbitos de mayor vulnerabilidad. Por tanto, es necesario plantearse un cambio de perspectiva que involucre a la familia en la elaboración y análisis de las políticas del Estado, de manera que estén basadas principalmente en el reconocimiento de su función social natural, así como también en el respeto por lo consagrado en nuestra Constitución Nacional -artículo 14 bis-, y la Declaración Universal de Derechos Humanos -artículo 16 inciso 3, reconocida en nuestro cuerpo constitucional en virtud del artículo 75 inciso 22-; esto es: Fortalecimiento y protección de la institución matrimonial, y de la dignidad de la persona. Reconocimiento y restitución de los derechos que les han sido discriminados a las familias. Comprensión y adecuación de la gestión de la economía en función del bien de la familia, de manera que esta tenga la posibilidad de valerse por sí misma.

Una posibilidad en este sentido, es partir desde la sociedad civil en la promoción de la familia, para de este modo volver a generar el humus social que posibilite la concreción de esta perspectiva en la elaboración de las políticas de Estado; desde la colaboración conjunta de los poderes públicos y la familia como sector social.

 

Bibliografía

  • CONSTITUCION NACIONAL ARGENTINA (1994).
  • DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (1948).
  • GUERRA LÓPEZ, R. (2003, 6 de noviembre) Hacia una “perspectiva de familia”. Congreso Internacional sobre la Familia “La Familia hoy, derechos y deberes”, Ciudad de México.
  • GRAGLIA, E. J. (2012) En la búsqueda del bien común: Manual de políticas públicas. Konrad Adenauer Stiftung.
  • INSTITUTO DE CIENCIAS PARA LA FAMILIA DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL (2005) Bases para la elaboración de políticas familiares en la Argentina. Buenos Aires: Imprenta del Congreso de la Nación.

 

Autora

Rocío Sali: Estudiante de Psicología en la UNC y de la Licenciatura en Orientación Familiar en la Universidad Austral..

 

Este artículo fue seleccionado entre los mejores del Programa de Formación de Jóvenes Dirigentes (Córdoba, 2020). Sitio web: https://www.frentejoven.org/

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