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¿Cómo se explican los bajos niveles de percepción de la corrupción en Chile y Uruguay?

La organización Transparencia Internacional mide los niveles de “percepción” de corrupción de cada año en diferentes países del mundo. En los índices de los últimos años podemos apreciar que Uruguay y Chile mantuvieron los niveles más bajos de corrupción entre los países sudamericanos. Pero ¿cómo se explica este logro? ¿En qué se diferencian estos países del resto de los países de la región?

Transparencia Internacional es una ONG (organización no gubernamental) con sede en Berlín, Alemania. Esta organización internacional de la sociedad civil está conformada por numerosas delegaciones e instituciones internacionales abocadas a la lucha contra la corrupción internacional. Desde el año 1995 confecciona el “Índice de Percepción de Corrupción” que establece un ranking de percepción entre 176 países. La metodología de este índice son encuestas a expertos, la cual es considerada fuente primaria de información. A pesar de la considerable cuota de subjetividad que tiene dicha metodología, sumado a los intereses de las instituciones que lo financian, reconozco a este índice como un buen punto de partida para ahondar en un tema tan cotidiano en los países de Sudamérica como lo es la corrupción del sistema público gubernamental.

Se habla de “percepción” por la casi imposibilidad de medir y cuantificar la corrupción como fenómeno, según lo expresó Alejandro Salas, director de la ONG en América Latina. En el último Índice de Percepción de Corrupción confeccionado en el año 2016, Uruguay se posicionó 21° en el ranking global y Chile se encuentra en el puesto 24°. En tanto que Brasil lo hizo en el puesto 79°, Colombia en el 90°. Argentina en el 95°, Perú en el 101°, Bolivia en el 113°, Ecuador en el 120°, Paraguay en el 123° y Venezuela en el lugar 166°.

Una reflexión sobre Uruguay y Chile

El caso uruguayo es paradójico ya que su percepción es la más baja de Sudamérica, pero su sistema político no está exento de irregularidades. El caso “Lava Jato” salpicó a lobbistas del país. La adjudicación de una obra gasífera a “Gas Sayago” que puso al expresidente José Mujica en el centro de la investigación a finales del año pasado son algunos ejemplos. Desde la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUNTEP) reconocen que debería conformarse un sistema integrado por diferentes organismos e instituciones públicas en torno a la lucha frente a la corrupción. Además, deberían tipificar nuevos delitos como el de “enriquecimiento ilícito” y “corrupción privada” no existentes en el ordenamiento actual.

A pesar de las recientes investigaciones judicial sobre el expresidente José Mujica (2010 – 2015), este conserva una imagen de austeridad y transparencia que mejoraron los niveles de percepción de corrupción de la sociedad uruguaya. A esto se suma que Uruguay ha alcanzado niveles de desarrollo económico envidiables según el Índice de Oportunidad Humana del Banco Mundial. Por ejemplo, entre 2006 y 2015 el país tuvo un crecimiento promedio anual de 4,8%, la pobreza moderada disminuyó de 32,5% en 2006 a 9,7% en 2015. Para el año 2016, Uruguay tuvo 8,6% de desempleo en una población de 3.4 millones de personas. El contexto económico favorable genera una sensación social de bienestar que puede relajar los niveles de percepción de corrupción de la sociedad.

El país trasandino

Por el lado de Chile podemos reconocer más claramente ciertas características del sistema político y jurídico que explican su posición. En materia legal, la Ley N 20.285 del año 2008 sobre Acceso a la Información Pública produjo un proceso de democratización de la información notable, donde la sociedad puede requerir el fundamento de las decisiones de las autoridades. Otro ejemplo es la Ley del lobby N 20.730 del año 2014, que exige a los funcionarios transparentar y regular sus intereses particulares con intereses de sectores económicos o políticos ajenos a la estructura pública gubernamental.

El cuerpo de seguridad militar chileno “Carabineros” goza de una legitimidad remarcable en comparación con otros sistemas de seguridad de países vecinos. La concepción de transparencia y profesionalismo de este cuerpo de seguridad es parte fundamental de la percepción de corrupción de la sociedad chilena. En este sentido, la Policía Federal de Brasil, así como el Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) son fuerzas brasileñas de cierto reconocimiento, no siendo el caso de la Policía Federal Argentina, por ejemplo.

Sistematización del fenómeno de la corrupción

Este fenómeno es explicado claramente en “Estado, democratización y Ciudadanía” de O’Donell, en el cual considera que un mapa puede estar dividido en 3 colores: azul representa presencia territorial y funcional del Estado, verde significa presencia territorial pero poca presencia funcional y marrón bajo nivel de ambos factores. Así, en Brasil, Perú, Paraguay o Argentina, las manchas marrones estarían en los sectores marginados de las grandes ciudades, en donde el “amiguismo”, la “complicidad policial”, la “liberalización de zonas” para narcotráfico o narcomenudeo dan piedra libre a la corrupción, seguido por importantes manchas verdes de presencia, pero disfuncionalidad estatal.

Las institucionalizaciones de estas zonas liberadas o zonas con escasa atención policial-gubernamental se naturalizan y pasan a ser parte del paisaje social y cultural, generando un nuevo umbral de tolerancia. Partiendo de que Chile o Uruguay están lejos de ser un ideal, reconocemos que las manchas marrones serían más pequeñas gracias a leyes de democratización y transparencia de la información y a un sistema de seguridad ciudadana legítimo, como el caso de Chile. En Uruguay las políticas sociales aplicadas, como el sistema de pensiones que cubre al 87% de las personas de más de 65 años, han generado la inclusión necesaria para evitar el círculo vicioso de la corrupción.

El riesgo de la naturalización de la corrupción

En los países de América Latina se ha llevado a cabo un proceso de naturalización de los pequeños actos de transgresión de la vida cotidiana, como puede ser una coima para evitar una multa de tránsito o la ya cotidiana evasión de impuestos fiscales. Esto socava y relativiza el significado de corrupción, siendo muy dificultosos establecer una línea de lo que se entiende socialmente por corrupción y lo que no clasifica como ello.

El sistema judicial es una pieza de absoluta importancia a la hora de evaluar niveles de corrupción. Si el sistema a cargo del control es parte del negociado, la sensación de impunidad es total. Argentina y Perú han logrado avances considerables en los últimos años en torno a la judicialización de casos de corrupción de funcionarios públicos de alto rango. Por el lado de la comunicación, reconocemos que las redes sociales han revolucionado la forma de hacer política. Estas representan un canal de comunicación en el cual un ciudadano puede expresar ideas, e incluso convertir a esta en “viral” y pasar a ser fuente y foco de debate en sectores gubernamentales y así influenciar la agenda política. Quizá el gran inconveniente es la poca veracidad y confiabilidad de la información que se comparte en estas redes, dando como resultado en varias ocasiones la desinformación.

Ideas finales

La justicia autónoma e independiente de presiones políticas-económicas, el acceso a la información pública, instituciones policiales con gran sentido de pertenencia y honestidad son parte de la fórmula de países exitosos en la materia. No existen recetas mágicas, pero sí decisiones políticas contra la lucha de este flagelo. 

Bibliografía

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